NOTA DE OPINIÓN
Cuando hablamos de comercio ilegal, inmediatamente asociamos al mantero, las saladitas o al marketplace de las redes sociales. Y no, el tema es mucho más complejo de lo que se piensa.
Según distintos trabajos realizados sobre el comercio ilícito y el crimen organizado, entre ellos los desarrollados por la Unidad de Inteligencia de The Economist, detrás de cada actividad ilícita hay historias. Historias donde las poblaciones más vulnerables pueden convertirse en el activo más valioso y de menor costo para las organizaciones criminales.
Dicho de otra manera, el ser humano puede convertirse, para estos delincuentes, en un recurso abundante, fácilmente reemplazable y, por lo tanto, carente de valor patrimonial. De allí que, si alguno de ellos es detenido o muerto, pueda ser rápida y cómodamente reemplazado por otra persona que no encuentra otra posibilidad de subsistencia.
Pero para disponer de esta mano de obra, fácilmente reemplazable, las organizaciones criminales encuentran un terreno especialmente favorable allí donde existen pobreza, exclusión, falta de oportunidades y ausencia de alternativas laborales, particularmente en localidades fronterizas y conglomerados cercanos a las grandes urbes.
En Paraguay, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, junto con medios de comunicación, ha desarrollado campañas destinadas a sensibilizar al público acerca de la gravedad de los efectos de la ilicitud y la importancia de consumir productos provenientes del mercado legal. Frases tales como “La informalidad ya no es un chiste” o “Elegí Marcas Legales” formaron parte de estas iniciativas destinadas a generar conciencia sobre las consecuencias del contrabando y la comercialización de productos ilegales.
El vasto mundo de la economía ilegal no reconoce fronteras ni tiene límites. Han desarrollado sus propias redes logísticas, financieras, industriales, comerciales y, fundamentalmente, de recursos humanos. El vendedor que vemos en la calle puede ser apenas el último eslabón visible de una cadena que comienza mucho antes y, en muchos casos, mucho más lejos.
No es casual que pobreza, informalidad e ilegalidad puedan desarrollarse paralelamente, particularmente en aquellos contextos donde se reducen las oportunidades laborales y económicas formales. La pandemia de COVID-19 produjo, además, una transformación importante de determinadas modalidades de comercio ilícito, favoreciendo la utilización de canales digitales y profundizando algunas vulnerabilidades que posteriormente continuaron siendo aprovechadas por quienes operan al margen de la ley.
Lo lamentable es la poca atención que el Estado presta a este flagelo. Los instrumentos legales están, como también las autoridades de aplicación. Lo que falta, a mi entender, es voluntad y decisión para actuar con mayor firmeza, evitando que el comercio ilegal sea relativizado bajo el argumento de que constituye solamente una actividad de subsistencia social.
Y no solo eso. En algunos casos, determinadas ferias barriales y espacios de comercialización informal pueden terminar funcionando como ámbitos donde se mezclan actividades legítimas con productos de contrabando, falsificados o comercializados al margen de las obligaciones fiscales y sanitarias que sí le son exigidas al comerciante formal.
Para interpretar el fenómeno, basta observar las estimaciones internacionales sobre el comercio ilícito de cigarrillos. Un estudio de la O.M.S. publicado en 2010 calculó que el mercado ilícito representaba aproximadamente el 11,6 % del consumo mundial, equivalente a 657.000 millones de cigarrillos anuales y a pérdidas fiscales estimadas en USD 40.500 millones.
Se trata de estimaciones históricas, que permiten ilustrar la dimensión del problema, pero no deben interpretarse como una medición actualizada del mercado mundial ni como una cifra específica de la Argentina.
Pero el problema no se limita a la evasión fiscal. Existe también un perjuicio económico directo para las industrias que producen y comercializan legalmente, además de las consecuencias que genera la expansión de redes clandestinas que aprovechan las diferencias de precios, las fronteras, las debilidades de los controles y las nuevas tecnologías.
La comercialización de productos falsificados, de contrabando o de fabricación ilícita también ha encontrado nuevos canales de distribución. Las redes sociales, las plataformas digitales de comercio electrónico y, en determinados mercados ilícitos, los espacios de la denominada dark web, permiten establecer nuevas formas de contacto entre vendedores y compradores, muchas veces con una velocidad y alcance que dificultan las tareas de fiscalización y control.
Nuestra Constitución Nacional, en su Art. 14, garantiza expresamente el derecho “de trabajar y ejercer toda industria lícita”. Y es precisamente esa palabra, “lícita”, la que no debemos olvidar.
El ejercicio legal de la actividad emprendedora debe sujetarse a múltiples controles, cumplir obligaciones fiscales, sanitarias, laborales y administrativas y asumir los costos propios de la formalidad. Quien cumple con todas esas obligaciones no debería encontrarse compitiendo en desigualdad de condiciones con quienes comercializan al margen de ellas.
No se trata de perseguir a quien busca una forma honesta de subsistencia. Se trata de impedir que la vulnerabilidad social sea utilizada y aprovechada por estructuras que lucran con la ilegalidad. Se trata también de proteger al comerciante que cumple, al trabajador registrado, al empresario que invierte y al consumidor que tiene derecho a saber qué está comprando y bajo qué condiciones.
Por ello, resulta fundamental establecer alianzas estratégicas, promover la participación de las entidades empresarias y formular reclamos permanentes a las autoridades, a fin de que asuman con auténtico compromiso el desafío de combatir un flagelo que causa daños económicos, sociales e institucionales y que, además, desalienta el espíritu emprendedor.
La lucha contra el comercio ilegal no puede limitarse al último eslabón de la cadena. Debe alcanzar a quienes financian, organizan, transportan, almacenan y comercializan ilegalmente.
FUENTES:
- The Economist Intelligence Unit (EIU) / TRACIT – Global Illicit Trade Environment Index. Índice elaborado por The Economist Intelligence Unit por encargo de la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) – (Alianza Transnacional contra el Comercio Ilegal)
- Organización Mundial de la Salud (OMS) – Tabaco y nicotina, ficha técnica actualizada el 26 de junio de 2026 – (Organización Mundial de la Salud)
- OMS / Convenio Marco para el Control del Tabaco – Illicit Trade of Tobacco in South-East Asia Region – (Organización Mundial de la Salud)
- Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) – Información sobre la campaña “Elegí Marcas Legales” – (Revista CAP)
- Constitución de la Nación Argentina, Artículo 14. Derecho de todos los habitantes a “trabajar y ejercer toda industria lícita” – (Argentina)
