La iniciativa, que ingresó el pasado 2 de julio en la Legislatura Bonaerense, se encuentra actualmente bajo análisis en la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial.
El proyecto, que sería presentado oficialmente en los próximos días por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, ya ha recibido fuertes críticas del Gobierno Nacional, (que derogó la Ley de Góndolas Nacional a poco de haber asumido),
Al respecto, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, dijo: “El DNU 70/2023 de nuestro gobierno derogó la Ley de Góndolas, de Abastecimiento y el Observatorio de Precios porque obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio».
De todas formas, el gobierno provincial tiene la firme intención de avanzar con el proyecto.
“El corazón de esta ley es generar más oferta. Hay muchas PyMEs que necesitan trabajo en la provincia y la idea es ayudar a que ganen espacio en las góndolas. Estamos proponiendo una cantidad mínima de 5 proveedores por producto en las grandes superficies y 3 en los autoservicios. También planteamos que hay abusos que hay que regular, como por ejemplo los plazos de pago que se les ofrece a las PyMEs”, dijo subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.
Rechazo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
La CAC, fue la primer entidad empresaria que rechazó la norma con el argumento de que «perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final».
La cámara aseguró que «la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente dado que la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores».
Además, destacó que «el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional» y que se trata de una norma abusiva porque se pretende imponer, mediante una ley «condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo».
Desde la CAC también advirtieron que la aplicación de la ley pondría en riesgo los puestos de trabajo actuales: «sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra» y que la ley, «amparada en objetivos loables, acabará por perjudicar a empresas y consumidores».
Posición de la Asociación de Supermercados Unidos
La entidad que agrupa a las grandes cadenas de supermercados cuestiona la iniciativa y llama a los legisladores a desestimarla.
Entre otras cosas, ASU afirma: ”Debemos comenzar por desterrar la falsa imagen de que en las cadenas de supermercados sólo están presentes las ´grandes marcas´ pertenecientes a los ´grandes grupos económicos´. Efectivamente, 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son pymes. Desde hace muchos años las cadenas de supermercados, especialmente las grandes cadenas, han implementado programas de desarrollo de proveedores pyme que han permitido a muchas de esas empresas alcanzar estándares de competitividad que les han dado un importante espacio en góndola.
La entidad señaló que sus socios participan activamente del programa Producción Bonaerense mediante el cual se generan nuevos vínculos comerciales entre supermercados y pymes y se cierran acuerdos en rondas de negocios. Y que actividades como ésas son mucho más eficaces que “ciertas imposiciones normativas”.
Con respecto a la derogada Ley 27545 desde ASU señalan que algunos de sus perniciosos efectos prácticos han sido:
1) Faltante de producto en góndola, ya que al reducirse el espacio destinado a los productos de alta rotación se generaban quiebres de stock o faltantes en la góndola.
2) Sobre-stocks: la mera presencia en góndola impuesta por la fuerza por el hecho de ser productos PyME o PyME bonaerense no garantiza la preferencia del público por dicho producto. Todos aquellos que no recibieron la aceptación del público generaron stocks inmovilizados y, en consecuencia, mayores costos de inventarios e ineficiencias que terminaron trasladándose a los precios
3) Con menor espacio del que necesitan en góndola de acuerdo a su nivel de venta, los productos de alta rotación debieron reponerse con mayor frecuencia generándose con ello mayores costos de personal de reposición y de operación logística. Estos mayores costos terminaron impactando en el precio de los productos.
4) Numerosas PyMEs no estaban (ni están en la actualidad) preparadas para cubrir el flujo de pedidos regularmente con el volumen y la rotación que las grandes superficies demanda, lo cual terminó generando faltantes en góndola.
Por otro lado, la asociación también hace referencia a la violación de ciertos derechos constitucionales, como por ejemplo el “derecho al libre comercio”. “La libertad de elección del surtido de productos a comercializar forma parte del núcleo duro de las actividades típicamente comerciales o de intermediación, desde que el mismo es uno de los principales factores de la competencia en el mercado.
«De allí -agrega la entidad-, el derecho del empresario a disponer de autonomía para la determinación de su oferta comercial sea esencial para el ejercicio del derecho constitucional antes citado”.
Las mayoristas también cuestionan el proyecto
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), dijo que los comerciantes “no están de acuerdo con promover ninguna normativa que condicione el libre mercado”.
“Imponer una cantidad mínima de proveedores por producto es insostenible, sobre todo cuando las ventas vienen cayendo”, manifestaron los comerciantes mayoristas a través de un comunicado de prensa.
Por otra parte, la CADAM afirmó que “las marcas B vienen creciendo considerablemente, la gente elige qué comprar de acuerdo a su realidad económica”.
“Esa tendencia implica mayor competitividad empresarial y una oportunidad para las industrias pymes, que tienen el poder de resiliencia y, por ende, están ganando mercado frente a las multinacionales, que conllevan en el precio de sus productos, el costo de sus marcas”, agregaron.
La CADAM también afirmó que “la ley nacional fue un claro ejemplo de que no funciona el sistema de imposición, tampoco presentó beneficios para las pymes, así que no entendemos porqué se intenta recrear algo que ya fracasó y ahora pretenden además condicionar el origen de los productos”.
“Por otra parte, muchas PyMEs no están preparadas o no se enfocan al mercado mayorista y no pudieron cumplir con los pedidos”, destacó la entidad, y concluyó: «Lo que necesitamos en un contexto de crisis como este, es que los gobiernos nos saquen una mano de encima».
La posición de CAS y FASA
Por su parte, los supermercados y autoservicios integrantes de la Red Súper Argentinos, cadenas regionales, supermercados y autoservicios independientes radicados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional dieron a conocer su posición luego de un profundo análisis del tema.
CAS y FASA, las entidades representativas del supermercadismo nacional, si bien coinciden con los objetivos del proyecto, y de hecho apoyan en la práctica a las empresas PyMEs regionales de las zonas donde operan, manifiestan que es evidente que una Ley de Góndolas o normativas similares, son impracticables y acarrean grandes perjuicios para todos los sectores involucrados, incluidos los consumidores.
A fin de fijar su posición respecto al proyecto de Ley de Góndolas bonaerense, la cámara y la federación enviaron notas a las siguientes autoridades provinciales:
Sra. presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.
En dichas notas, CAS y FASA dejan sentada su posición frente al proyecto de Ley de Góndolas afirmando que la sanción de esta ley sería perjudicial, tanto para el supermercadismo PyME, como para los consumidores, por múltiples razones, que afectan tanto la libertad de comercio como el derecho de propiedad y la eficiencia económica.
Lo que sigue es un resumen del contenido de las notas enviadas :
Antecedentes
El DNU 70/23, bajo el Título II «Desregulación económica», derogó varias leyes que regulaban el comercio en Argentina, incluyendo:
1. Ley N° 20.680 (Ley de Abastecimiento): Otorgaba amplias facultades al Estado Nacional para regular la actividad económica, incluyendo la fijación de precios y la cantidad de productos a ser vendidos, prohibía aumentos de precios «artificiales o injustificados», el acaparamiento y la destrucción de productos, y establecía severas sanciones para los infractores.
2. Ley N° 27.545 (Ley de Góndolas): Regulaba el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo, creando obligaciones específicas para asegurar una diversidad mínima de proveedores y marcas en las góndolas.
3. Ley N° 26.992 (Ley del Observatorio de Precios): Creó un organismo para monitorear precios y disponibilidad de productos, y detectar posibles infracciones a la Ley de Abastecimiento. Aunque no tuvo aplicación efectiva, la actividad comercial sigue sujeta a la Ley de Defensa de la Competencia.
Proyecto de Ley de Góndolas
El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha enviado a la Legislatura Provincial un proyecto de ley que reintroduce regulaciones similares a la derogada Ley de Góndolas nacional. Este proyecto establece que cada supermercado en la provincia debe asegurar un mínimo de proveedores por categoría de producto en las góndolas.
Los objetivos declarados son abrir el mercado a nuevas empresas bonaerenses y fomentar una competencia justa. Sin embargo, esta propuesta obliga a los supermercadistas con salones de ventas de más de 300 m², quienes también son PyMEs, a adquirir y exhibir productos de pequeñas industrias, independientemente de si pueden garantizar condiciones competitivas de precio, calidad, reposición y entregas. En esencia, se pretende imponer obligaciones que presentan varios problemas graves y de dudosa constitucionalidad.
Nos interesa profundamente la industria local y comprendemos la necesidad de apoyar a las MiPyMEs bonaerenses. Sin embargo, creemos firmemente que el Gobierno Provincial debería buscar formas de solución que no interfieran en los negocios de otras PyMEs, como es el caso de los supermercados. En ese sentido se debe pensar en alternativas como beneficios fiscales, líneas de crédito especiales, programas de capacitación y asistencia técnica, y mejoras en la infraestructura logística. Todas ellas podrían ser formas efectivas de promover y alentar la pequeña industria sin imponer cargas injustas sobre otros sectores.
Sujetos Alcanzados y Productos Regulados
• Sujetos Alcanzados: Supermercados mayoristas y minoristas de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar con una superficie de venta mayor a 300 metros cuadrados o con dos o más líneas de cajas.
• Productos Regulados: Alimentos, bebidas, productos de higiene personal, limpieza del hogar y textiles.
Exhibición de Productos y Sanciones
• Exhibición de Productos: Las góndolas físicas y digitales deben exhibir una cantidad mínima de productos de proveedores MiPyMEs bonaerenses, definida por la Autoridad de Aplicación.
• Sanciones: Los infractores serán sujetos a apercibimientos, multas, pérdida de concesiones y clausura del establecimiento.
Argumentos en Contra de la Sanción de la Ley
1. Coarta la Libertad de Comercio y Propiedad:
La ley impone restricciones severas a los supermercados sobre cómo organizar sus góndolas y qué proveedores deben incluir, lo que restringe su libertad para ejercer una actividad lícita y gestionar su propiedad de manera autónoma.
2. Afecta la Competitividad y la Eficiencia:
La obligación de incluir un mínimo de proveedores puede resultar en una reducción de la eficiencia operativa, ya que los supermercados se verán forzados a incluir productos que pueden no ser los más competitivos o de mejor calidad.
3. Impacto Negativo en los Precios:
La imposición de estas restricciones puede aumentar los costos operativos de los supermercados, costos que inevitablemente serán trasladados al consumidor final, resultando en precios más altos.
4. Desincentiva la Inversión:
La intervención estatal en la gestión de góndolas desincentiva la inversión en el sector supermercadista, ya que introduce incertidumbre y riesgos regulatorios que afectan la planificación a largo plazo.
5. Distorsiona el Mercado:
La ley pretende regular la oferta de productos de una manera que puede distorsionar el mercado, favoreciendo a ciertos proveedores (MiPyMEs) sobre otros, lo que va en contra de los principios de libre competencia.
6. Incrementa la Burocracia:
La implementación de esta ley implica una mayor carga administrativa para los supermercados, que deberán destinar recursos significativos para cumplir con las nuevas regulaciones, desviando esfuerzos de otras áreas críticas como la atención al cliente y la mejora de servicios.
7. Fomenta la Ineficiencia:
Obligar a los supermercados a mantener una cantidad mínima de proveedores puede llevar a una sobrecarga de productos, muchos de los cuales pueden no tener una demanda suficiente, resultando en pérdidas y desperdicios.
8. Contradicciones con Políticas de Libre Mercado:
La ley va en contra de las políticas de libre mercado y desregulación que buscan reducir la intervención estatal en la economía, promoviendo un entorno más competitivo y eficiente.
9. Riesgo de Menor Innovación:
La imposición de restricciones puede desincentivar la innovación en la gestión de góndolas y en la introducción de nuevos productos, ya que los supermercados tendrán menos flexibilidad para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Conclusión
El proyecto de ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires, aunque pretende fomentar la competencia y apoyar a las MiPyMEs, en realidad impone restricciones que coartan la libertad de comercio, aumentan los costos operativos y potencialmente elevan los precios para los consumidores.
Representando al sector supermercadista, urgimos a los legisladores a reconsiderar este proyecto y optar por políticas que realmente promuevan una competencia justa y beneficiosa para todos los actores del mercado, sin interferir en la libertad de operación de las empresas.