Bajo el gobierno de Alberto y Cristina la inflación que no está sometida a controles del Estado fue del 758% y la regulada, del 450%. Eso pese al atraso de los salarios, de las tarifas y del dólar.
Los números abruman, se los mire como se los mire, pero nada habla más claro que las cifras del INDEC sobre el enorme, indescifrable zafarrancho con los precios que está dejando la actual versión del kirchnerismo. Esto es, el kirchnerismo que en medio del descontrol lleva de candidato presidencial al mismísimo ministro de Economía.
Se puede arrancar esta historia color K con los Precios Cuidados de Axel Kicillof que, hacia fines de 2013 y en tiempos de Cristina Kirchner presidenta, buscaban detener el proceso inflacionario a través de un acuerdo con empresas y supermercados. El objetivo eran los productos de la canasta alimentaria básica.
Después de un comienzo a pura propaganda y de algunos buenos resultados, el experimento anduvo a los tumbos, deshilachándose, hasta que a mediados de noviembre del 2022 renació de las cenizas bajo el nombre de Precios Justos y la ilusión, en palabras del ya ministro Sergio Massa, de que permitiría “recorrer el sendero a la baja en lo que más importa en la vida de los argentinos que es la inflación”.
Por si hace falta aclararlo, no estábamos todavía en época de elecciones y lo de Massa era otro intento por vender productos de su cosecha sin garantía ni seguro, tal cual se probó de sobra esta vez con una inflación que en 2023 va camino del 180%, o sea, de duplicar o casi duplicar al 94,8% de 2022. Todo también de la cosecha del ministro-candidato.
La realidad canta que tanto los llamados Precios Justos de ahora como los Cuidados de Kicillof nunca regularon nada ni sirvieron para bajar nada, ni tampoco se convirtieron en “referencia para el resto de los productos”, como pregonaba el actual gobernador bonaerense. Son lo que hoy son: una lista que apenas representa el 2,28% de los 320.000 precios que mensualmente releva el INDEC y que, en el punto más alto de la serie, sólo llegó al 13%.
De esto y de la gestión kirchnerista a propósito “de lo que más importa en la vida de los argentinos” vuelven a hablar las estadísticas oficiales. Dicen que durante el tiempo que lleva el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández la llamada inflación núcleo, esto es, la que no está sometida a controles del Estado, fue del 758% y del 450% la regulada, que refleja el efecto o lo que sea de los precios acordados.
Diferentes, pero próximos en las magnitudes, el nivel general del índice del INDEC liso y llano señala 702% para el mismo período y el costo de los alimentos y bebidas, nada menos que 806%.
Por donde se mire salta la misma conclusión, aunque no sorprenda a nadie: el fracaso de los controles de precios que es, a la vez, la única herramienta antiinflacionaria que parecen conocer buena parte de los kirchneristas que han conducido la economía durante esta y otras temporadas.
Una rareza de la actual versión de los Precios Justos, en más de un sentido envidiable, es la contrapartida que el Gobierno ofrece a quienes participen del acuerdo. Significa acceso a los dólares oficiales de $ 350 libre de cargas impositivas, para pagar importaciones imprescindibles en los ciclos productivos.
Otro dato de la misma familia aparece en el modo, inevitablemente sospechado de discrecionalidad, en que se maneja el ordenamiento y la selección de los favorecidos. Y uno más, las oportunidades que alimenta la brecha del 150 hasta del 170% que separa al tipo de cambio oficial de los dólares financieros o alternativos, en un país donde la escasez de divisas sale muy cara.
El telón de fondo detrás de las presiones sobre el dólar oficial y las reservas, más las especulaciones recurrentes alrededor de alguna nueva devaluación, se llama retraso cambiario. Para el caso, la diferencia de 218 puntos porcentuales que hay entre la inflación del 702% acumulada desde fines de 2019 y el 484% que aumentó el tipo de cambio oficial también desde fines de 2019.
Casi no hace falta decirlo, se cae de maduro que hablar de semejante desajuste significa hablar del ahora mismo, de las tomas de posiciones y las coberturas más diversas, previsibles además, que están precediendo a las decisiones del próximo gobierno.
De este mundo tenemos, ahora, el retraso tarifario y tenemos obviamente más números. Puesto en datos del Área Metropolitana, todavía con subsidios incorporados, el costo de la electricidad y el gas marca una suba del 317% que queda a 385 puntos de la inflación del 702%.
Apuntalada por los aumentos que sacuden sobre todo a los usuarios de mayores ingresos, las tarifas cubren alrededor del 54% del costo del servicio, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. De seguido, los subsidios caen un 24% real promedio entre enero y septiembre, aunque todavía suman casi 2,8 billones de pesos.
Con el peso de las subvenciones todavía intacto, el costo del transporte público en la Capital y el conurbano bonaerense sigue muy por debajo del que rige en el resto del país.
Aquí, la inflación le saca 323 puntos de ventaja a la tarifa y los aportes del Estado no caen, sino que crecen: 145% nominal o 14% real, entre enero y septiembre de 2023 contra el año pasado. Se sobreentiende, la cuestión pasa por la política y ancla en el GBA no en la Capital.
Además del zafarrancho de números, el dato común en todo el panorama está en las distorsiones de los precios relativos y más que en las distorsiones mismas en las magnitudes que alcanzan. Como se ve claramente en el dólar oficial, las tarifas y en el caso de los precios regulados que no regulan nada.
Y si el punto son los rezagados, ahí están los salarios, que acumulan seis años barranca abajo.
Según estimaciones de consultoras, los ingresos de los trabajadores registrados, en blanco y amparados por paritarias, retrocedieron alrededor del 20% real en esos seis años. Y arriba del 40% los que se pagan en el precario mundo de 5,4 millones empleados en negro, sin aportes a la jubilación ni paritarias, y cuyos sueldos son la mitad de los que se cobran del otro lado de la frontera laboral.
Es notable que con sueldos atrasados, tarifas atrasadas, dólar atrasado y algunos atrasos más de la misma especie, esto es, que pese a todo eso junto la inflación kirchnerista ande en zona del 700% rumbo a las cercanías del 800% y desparramando distorsiones por todas partes y de todos los colores.
Muy poco o nada de notable hay, luego, en que fogoneada por la necesidad de esterilizar una emisión que impresiona por donde se la mire la deuda pública en pesos hubiese alcanzado dimensiones desconocidas. Es lo que prueban, redondamente, los vencimientos por 45 billones que caen en 2024 y el hecho de que el 99% de ese paquetazo esté indexado, según la inflación, el dólar oficial o un mix de ambos.
No más números para este boletín. Es lo que hay, y no es poco.
¡EXCELENTE NOTA DE ALCADIO OÑA EN CLARIN!